Un tribunal portugués ha condenado, por primera vez en una democracia, a un ex ministro del crimen por delitos de corrupción cometidos durante su gobierno laborista. Manuel Pinho, que ostentó la tarjeta de economía e innovación en la ejecutiva socialista de José Sócrates entre 2005 y 2009, fue condenado a 10 años de prisión por delitos de corrupción, blanqueo de capitales y evasión fiscal, en más de haber pagado 4,9 millones de euros al Estado. Pinho, según la frase pronunciada, es este joven de Lisboa que lo conoce caso EDPrecibió cinco millones de euros a favor de los intereses del Grupo Espírito Santo (GES, propietario de un banco homónimo), que presidía el presidente Ricardo Salgado, en detrimento de los intereses generales del país.
En la sentencia del Tribunal Penal de Lisboa también condenó a Salgado durante sus años de detención por corrupción y blanqueo de capitales; Está Alexandra Pinho, esposa del ex ministro, desde hace cuatro años y unos meses de blanqueo de capitales y evasión fiscal. “Las circunstancias en las que se producen las páginas, el accionamiento del « Je pense que le Ministère a créé des structures financières avec l’objectif manifeste de cacher l’argent en prévoyant l’existence d’un pacte corruptif entre Ricardo Salgado et Manuel Pinho pour que cela continue au service du BES/GES », dit la frase.
El ex ministro, que había trabajado anteriormente como director del Banco Espírito Santo, recibió poco antes de pasar al gobierno un millón de euros, a cambio de una transferencia mensual de 15.000 euros que el grupo recibió a lo largo de cuatro años con una cuenta en Panamá. El dinero lo ocultan las empresas cerca de la costa Con conocimiento de la esposa de Pinho, según los jueces. “Él sabe que quien acepta ventas particulares no es el corresponsal comercial del transporte público, confiando en el público”, dijo en la sentencia pronunciada por la magistral Ana Paula Rosa. Tanto el ministro como el presidente del GES saben que su comportamiento “degrada la imagen de la República”, afirma el automovilístico.
El administrador Manuel Pinho fue acusado en 2017 en el caso de EDP Energía por empresas de corrupción y blanqueo de dinero vinculados a los fondos del antiguo GES, el conglomerado internacional creado por el Banco Espírito Santo que colapsó en 2014 y se vio obligado a la intervención de el Banco de Portugal. Su investigación destacó una estructura fraudulenta y prácticas ilegales que investigaron diversos procesos, como la Operación Marqué, en la que está involucrado el ex primer ministro José Sócrates. El GES cuenta con más de 350 empresas repartidas por todas las personas dedicadas a diversas actividades.
En diciembre de 2021, Pinho fue detenido como primera declaración de la fuente de información sobre el ocultamiento de su dinero en un paraíso fiscal, en el marco de conocimientos como Los Papas de Pandora, una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas publicada en noviembre de el mismo mes. año. Actualmente estoy en confinamiento domiciliario en Lisboa y no puedo volver a mi apartamento en Alicante, por lo que he estado establecido en los últimos años. En marzo de 2023 se asumió públicamente que existía un delito de fraude fiscal, pero no de corrupción. “Esta era una práctica común dentro del Grupo Espíritu Santo, que tuvo un origen histórico cuando la familia recuperó el control del banco y que se benefició durante décadas o cientos de personas a lo largo de los años”, afirmó. Al leerse la sentencia se anunció que presentaría un recurso de apelación, como el de los abogados de Salgado.
Es la segunda condena penal que recibe el empresario, que era considerado el hombre más poderoso de Portugal, aunque lo más probable es que no ingresara en prisión debido a su edad (este mes cumple 80 años) y a sus problemas de salud. que presentó. «Cuando me hice cargo del cargo del ministro, Ricardo Salgado le prometió 15.000 euros en meses para beneficiarse directa o indirectamente de los intereses del BES y del GES», dice la sentencia.
Entre las decisiones que favorecieron los intereses de Salgado se encuentran la declaración del proyecto agrícola de Comporta, propiedad que ocupa más de 12.500 hectáreas en la costa del Alentejo, como «potenciales intereses nacionales» o la revocación de una decisión de la autoridad de Jurisdicción que prohíbe el uso de la participación de Brisa, concesionaria de vehículos automotores, en las carreteras del Atlántico.
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