El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, solicitó el nombramiento del director de la Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte (CELAD), José Luis Terreros. El CSD anunció que se trata de un comunicado oficial, en el contexto del escándalo que ha afectado a las instituciones públicas que regulan y gravan los desahucios en España.
El CELAD, organismo encargado de proteger el derecho a la salud de todos los deportistas y el derecho a participar en una competencia sin trampas, fue objeto de la denuncia de un particular realizada una por mes. Los documentos indican que el CELAD ya está sancionando a los deportistas españoles que dan positivo, activando procedimientos para frenar el uso de sustancias prohibidas y adjudicando contratos a empresas que no cumplen con los requisitos de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), y por tanto defectos formales. en los controles están tu virtual nulidad. La propia AMA alertó de la verosimilitud de las personas denunciadas y el CSD elevó el caso al impuesto.
El CSD, mayor organismo administrativo deportivo de España, depende directamente del gobierno del Ministerio de Educación y Deporte. Entre sus atribuciones está la de supervisor de los organismos antidopaje, como el CELAD, pero -curiosidad- cuidado de poder remover libremente a su gerente. La petición es un formalismo. Una medida de seguridad burocrática que ha ejercido hasta la fecha Rodríguez Uribes e informó al CSD en un largo comunicado.
“No podemos tomar las máximas precauciones ni esfuerzos en relación con la lucha contra el sueño y con el sistema que debe garantizar el juego limpio, la integridad de las competiciones y preservar la salud de los deportistas”, expresa la nota. “Por todo ello, ante el riesgo de hechos y de reputación que expone el deporte español y nuestro sistema de control, solicitó el presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes, al director de la Comisión Española de Lucha contra el Dopaje. en Deporte, José Luis Terreros, su división”.
Tras realizar la solicitud, el comunicado continúa detallando la causa administrativa que se producirá en caso de que los Terreros tengan un caso omitido: “Si no se produce esta (dimisión), el ministro (Cultura y Deporte) Pilar Alegría y el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, propusieron al representante del próximo Consejo Rector del CELAD el cese del señor Terreros. El Consejo Rector, órgano competente en última instancia para esta decisión, está formado por un consejero en representación de las federaciones deportivas españolas, un consejero en representación de todas las comunidades autónomas y varios consejeros en representación de diversos ministerios.”
La AMA denuncia “problemas profundos arraigados” en España
El ataque de la administración antidopaje española repercute en la AMA. Su presidente, Witold Banka, dijo que su organización investigaría el caso español durante algún tiempo. “Somos muy conscientes de los profundos problemas de la lucha antidopaje española. Estoy decepcionado con el nivel de cooperación que hemos recibido del CELAD en nuestra intención de mejorar el sistema para los deportistas españoles. Que haya casos positivos que no sean tratados a tiempo es inaceptable”.
“La AMA”, dijo el Banco, “siempre tiene la seguridad de que el CELAD -y todas las organizaciones antidopaje- se adhieran a los más altos estándares de acuerdo con el Código Mundial Antidopaje, incluida la ejecución de los casos en los que proceder”. Todos estos cargos están sujetos a investigación en cuanto al fondo. “Si no se empieza por la velocidad y la eficacia, está claro que esto tendrá consecuencias importantes para el deporte español”.
Finalmente, el Banco publicó un escrito afirmando que la AMA ha detectado que España no cumple con las normas antidopaje. Ver en particular la Ley Antidopaje de 2021 y su aplicación en medio de un decreto posterior. “Identificaron a los padres incompletos en un real decreto que se publicará en octubre de 2023 sin tener que consultar primero a la AMA”, dice el comunicado. “La forma en que se interpreta y aplica la ley en la práctica no se ajusta a los términos del Código Mundial Antidopaje”.
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