El déficit de inversión con Europa | Negociaciones

La inversión, una de las claves del bienestar de nuestro país, resulta en un déficit de la era de la crisis financiera. El coste de equipamiento y adaptación del aparato productivo es completamente insuficiente para hacer frente a las transiciones energética y digital, y estimular la productividad, para apoyar el crecimiento futuro. Suecia, uno de los países más productivos del mundo, invierte en bienes de equipo un 30% más que España (como proporción del PIB de cada país). Su productividad aumentó un 1,3% anual en lo que respecta al siglo, casi el triple que la nuestra.

También es relevante la comparación con otras empresas comunitarias. En los últimos dos años, hemos gastado el 5,5% del PIB en inversión productiva, una cifra inferior a la de todas las demás grandes economías europeas (y también inferior al nivel anterior a la pandemia). La diferencia parece destacarse: se registra durante el período expansivo anterior a la crisis sanitaria, y probablemente durante la crisis financiera, que fue especialmente perjudicial para nuestra economía. La brecha también podría haberse ahondado, porque el volumen de recursos dedicados al equipamiento de las empresas ha hecho crecer el comercio, aunque el sector ha sido ascendente en la mayoría de las economías de nuestro futuro.

Resulta paradójico constatar la cautela ante la inversión productiva, dada la disponibilidad de un volumen de activos de fondos europeos que facilitará precisamente la transformación del tejido productivo. Desde 2021, las administraciones centrales solo han emitido $50.000 millones a cuenta de estos fondos (en el concepto de bonos reconocidos, que permitieron reconocer la información de la IGAE hasta septiembre de este ejercicio). Todo esto consiste en “transferencias de capital”, que son subvenciones y ayudas a la inversión. Si bien es cierto que el desperdicio efectivo equivale a poco más de la mitad de las cifras de eyección, pero incluido en esta reducida dimensión, la mayor parte de los recursos deben ser bajos para impulsar la inversión hacia una nueva dinámica.

También hay buenas noticias: algunas de las empresas más beneficiadas por el plan podrían recibir el reembolso de sus proyectos, a la espera de autorizaciones oficiales y del bloqueo total de los fondos. El despliegue de la nueva ronda de recursos europeos, en este caso en forma de prestamos y con las exigencias de tramitación aligerados, es otro factor propicio para la reversión. En cualquier caso, la rentabilidad de las empresas españolas es la más aceptable. Las empresas no financieras tienen superávits y están agotadas (la capacidad de financiación ha aumentado hasta más de 30.000 millones de euros anuales, informan los medios, desde 2015). La entrada de capital extranjero es también una valoración tangible de las oportunidades de inversión que existen en España. Poniendo a prueba esta cuestión, en el último año y a medio plazo, la inversión extranjera directa en la economía española asciende a 66.000 millones de euros, la mayor marca europea después de Francia e Italia. Estos factores son consistentes con un terreno favorable para la inversión, incluso en una cartera de tipos de interés elevados (un factor, en última instancia, que no es específico de España y que, por tanto, no puede explicar la rentabilidad).

No está claro que persista el riesgo de falta de equipamiento para la profesión empresarial, en un momento clave de la transformación tecnológica. Todo ello demuestra la importancia de mejorar la ejecución de los fondos europeos. Y también la aparente ineficacia de los beneficios fiscales incorporados a los supuestos generales del Estado con el objetivo de estimular la inversión: un sistema complejo, que no se asemeja a la altura de los grandes proyectos de nuestros tiempos. Reformas pendientes que, con una adecuada gestión de las expectativas, ayuden a reactivar la inversión productiva y contribuyan a la convergencia productiva de cara a las sociedades más avanzadas de nuestro futuro.

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