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El déficit del sistema de pensiones no debe verse compensado por ayudas gubernamentales supervisadas por el grupo de la administración pública | Economía

El déficit del sistema de pensiones no debe verse compensado por ayudas gubernamentales supervisadas por el grupo de la administración pública |  Economía

El sistema público de pensiones español tiene dos fuentes de financiación. El principal son los ingresos procedentes de las cotizaciones sociales que pagan los trabajadores y empresarios y que sirven para financiar las pensiones actuales. Se trata entonces de un sistema «contributivo», porque básicamente cuesta las prestaciones de los trabajadores activos y «participa», porque los actuales jubilados reciben sus pensiones en función de quienes han cotizado en el pasado y cobran por los servicios. de trabajadores activos. Sin embargo, estos aportes no son suficientes para pagar el valor de las pensiones y para ello el sistema requiere de una segunda fuente de financiamiento que son los impuestos generales. Y es aquí donde se produce el debate sobre si se tiene derecho a acreditar pensiones con impuestos que están destinados a otros usuarios.

A parte del diseño del sistema de pensiones, el investigador de Fedea y profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, Miguel Ángel García, llamó la atención sobre los números rojos que representan la parte exclusivamente contributiva del sistema de pensiones (aportes a través de cotizaciones con menores ingresos para pensiones). ). contributivo), sin mencionar la parte que se perdió contra los impuestos. Este saldo negativo aumentó en 2023 hasta los 55.919 millones de euros, lo que equivale a 3,8 puntos del PIB, superior incluso al déficit con el que rodea a las administraciones públicas (3,7%).

Para obtener esta cotización, García se hace parte de los resultados oficiales del sistema de seguridad social, que finalizó 2023 con un déficit equivalente al 0,6% del PBI, cotización muy similar a la del año anterior. Aunque este porcentaje aumenta en dos décadas, hasta el 0,8% del PIB, si se excluyen los ingresos correspondientes a las cotizaciones destinadas al Mecanismo de Equivalencia Intergeneracional, «por ser un ingreso que no está disponible para pagar las pensiones vigentes mientras ingresa al fondo de reserva». que solo estará disponible a partir de 2032”.

Dicho esto, este economista explica que para pagar la totalidad de la factura de las pensiones de la Seguridad Social impugnó, además de los ingresos netos ordinarios de las cotizaciones sociales, otras transferencias específicas del Estado por valor de 27.231 millones de euros (un 1,9% del PIB). : uno para el pago de complementos previsionales por pensiones mínimas (7.345 millones de euros), y el segundo, mucho mayor en cantidad, destinado al pago de aquellos que García considera «mal redactados» gastronomía inapropiada (19.886 millones de euros). De esta forma, si no se controlan estas transferencias tributarias, el investigador denominado “saldo contributivo del sistema de Seguridad Social”, se ubica en el 2,7% del PIB. Y esto añade otros 1,2 puntos del PIB a las transferencias estatales (también impuestos) para el pago de las pensiones de clase pasiva de los funcionarios jubilados. Con todo esto, contribuimos a un déficit municipal de 3,8 puntos del PIB que se financia con dinero y con impuestos generales.

El Gobierno, radicado en el Ministerio de Seguridad Social, ha pedido esta estabilidad, argumentando que recurrir a pagar parte del sistema de pensiones con impuestos es legítimo y puede ser habitual en otros países de renta comunitaria. Así, defienden García y otros investigadores de las pensiones, son precisamente la radiografía financiera del sistema la que permite analizar más correctamente su funcionamiento para tomar las medidas necesarias que garanticen su viabilidad.

Por lo tanto, para los defensores de esta estabilidad, es importante que la situación financiera de la única parte contributiva del sistema de pensiones –porque absorbe el 13,1% del PIB y quizás el 30% del dinero público total– sea un tema de debate. La sociedad cuanto más ingresos fiscales requiera para la financiación de las pensiones, menos financiación dispondrá para otros posibles usos del gasto público, advierte García.

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By Roberto C. Coleman

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