El visto bueno exterior del Gobierno a la entrada de Telefónica | Economía

La compra del 10% de la telefonía a la Empresa Estatal de Participación Industrial (SEPI) fue reconocida como parte de la oposición política al igual que algunas empresas financieras. La visión del Estado del capital del operador como primer empresario, desde su completa privatización en 1997, es la de una mano de obra que opera en el sector privado. El Gobierno se defiende aunque es una práctica común de los países grandes de nuestra sociedad, porque los Estados están presentes en la capital y hasta la gestión de las empresas estratégicas del país.

El Estado español es el principal inversor en las empresas del Ibex 35 al obtener la compra efectiva del 10% de Telefónica, una de las cinco empresas que cotizanes en la presencia selectiva del accionista público, con un valor total de sus participaciones superior a los 24.000 millones euros, en el mercado del pasado viernes. Desde la SEPI, el Estado está presente en el capital de Indra, con un 27,99% que vale 700 millones de euros; Redeia, el 20% (1.635 millones); IAG, el 2,52% (200 millones); Enagás, el 5% (220 millones), y la propiedad de Telefónica, con el 10% (2.070 millones). Sin embargo, los dos alcaldes públicos participativos son de Aena, y el viajero de Enaire representó un 51% con un valor de 12.560 millones de euros; y CaixaBank, y el Fondo de Reestructuración de Ordenada Bancaria (FROB) mantiene un 17,3%, valorado en 4.900 millones, fruto de la reestructuración de Bankia. Fuera del Ibex, la mayoritaria de la SEPI es el 4,12% de Airbus, valorada en 4.540 millones, seguida de Ebro Foods, de la que controla el 10,36% (243 millones).

Además, la SEPI cuenta con un amplio listado de empresas no cotizadas cuya gestión está totalmente controlada como Navantia, Enresa (20%), Tragsa, Hispasat (7%), Alestis (24%), Agencia Efe, Correos, Hunosa, Mercasa, Enusa. . , Ensa, Sepides, Mayasa, Saeca, Cetarsa, Epicom, Hipódromo de la Zarzuela y Cofivacasa.

La Francia del Macron “liberal”

Emmanuel Macron luego declaró la caricatura según la cual tenía ciertos críticos, un político ultraliberal, una especie de Thatcher francés. En realidad, fue el presidente quien renacionalizó el gigante eléctrico EdF, quien convirtió al Estado en el mayor accionista de Air France y quien logró completar décadas de privatizaciones en Francia. El presidente Galo no desprecia la tradición colbertista, que lleva el nombre de Jean-Baptiste Colbert, ministro de Finanzas de Luis XIV y precursor de la doctrina del capitalismo del Estado francés. Pero esto no es para desviarse de su idea inicial. Al llegar al poder en 2017, albergaba veleidades liberalizadoras. “El Estado decidió, al inicio del primer mandato de su Ministro de Economía, Bruno Le Maire, que no tenía vocación de dirigir empresas competitivas en lugar de empresarios que tuvieran las capacidades y el conocimiento para hacer lo mejor”.

El plan de Macron y Le Maire eran las tres joyas de la corona: Aeropuertos de París (AdP), la gasista Engie y la empresa de juegos y apuestas Française des Jeux (FdJ). Al final, sólo se privatizó FdJ. Mientras tanto, el presidente llevó al presidente a reconsiderar las privatizaciones que provocaron la pandemia en 2020. El Estado tomó la decisión de Air France y aumentó su participación al 28,6%. En el marco de un nuevo programa nuclear civil y en un momento de dificultad para el sector, no se entregará entre el 84% y el 100% de la electricidad de EdF. En años anteriores, los sucesivos gobernadores, de derechas y de izquierdas, tendieron a privatizar. La última vez que se produjo una nacionalización fue en la legislatura del poder del socialista François Mitterrand en 1981. Las anteriores se sumaron a la posguerra mundial y, a los tres años, al Frente Popular.

En total, el Estado francés ha participado hoy en 85 empresas, valoradas en 153.000 millones de euros. Entre ellos, se encuentran joyas del capitalismo autónomo, como el teléfono Orange (la antigua France Télécom (23% del capital) o el automóvil Renault (15,01%), del que sea el máximo accionista. La Agencia de Participación del Estado ( APE), bajo la supervisión del Ministerio de Economía y Finanzas, «encarna al empresario estatal, inversor de capital en empresas juzgadas estratégicas (…), para estabilizar su capital o apoyar su desarrollo y su transformación», se lee en su página corporativa.En Francia actual, rellenar un documento en el que, como señalaba El mundo en un artículo reciente, “apoyar la política gubernamental a favor de la sobriedad y la descarbonización de la industria”. “Estas empresas estructurales de nuestra economía y de nuestra sociedad y que representan, en ciertos casos, los principales servicios públicos a los que los franceses están apegados”, escribe Le Maire en el informe final de APE. Los tiempos han cambiado.

Portugal, ida y vuelta sobre las privatizaciones

La entrada del Estado portugués en una empresa estratégica para el país, la más significativa de los últimos años, ha sido protagonizada por la aerolínea TAP. Por último, el primer ministro socialista, António Costa, formó parte de la privatización aprobada en 2015 por su antecesor, el conservador Pedro Passos Coelho, que había contratado la empresa con David Neeleman, debido a la aviación Azul. A finales de 2021, el Estado se hizo con el 100% de la empresa tras destinar 3.200 millones de euros a salvar a la niña. La operación fue tan crítica en términos de impacto económico como los aplausos por evitar su inversión. La crisis política, tras la decisión del primer ministro António Costa, ha acelerado el proceso de privatización hasta finales de 2024. Ahora habrá una decisión que dependerá del nuevo gobierno que deberá salvar las elecciones de marzo.

El despacho de António Costa también tiene una idea y una visión sobre la empresa Efacec, dedicada a proyectos de energía y movilidad como líneas de metro o infraestructuras de transporte de vehículos eléctricos. En caso de nacionalización en 2020, vendió durante unos meses su participación en el fondo de inversión alemán Mutares.

Portugal perdió el control de varias empresas estratégicas durante la crisis del euro y la intervención del país por troica. Durante estos años también se privatizaron la empresa de redes eléctricas (REN), Correos (CTT) y la empresa que gestiona los aeropuertos del país (ANA), además de culminar la salida total del Estado de la energética EdP. Conserva, sin embargo, la propiedad de Caixa Geral de Depósitos, entidad estatal que es el primer banco del sistema financiero de lujo.

Estatista de La Alemania

Alemania mantiene participaciones industriales en los sectores energético, telefónico, bancario, aeroportuario y hoy en día una serie de empresas que están considerando una estrategia. En total, según la última información sobre inversiones del gobierno federal, ha solicitado acciones a 117 empresas y fondos especiales. En el caso de las telecomunicaciones, se solicita participación en un equivalente de Telefónica, Deutsche Telekom, donde aumenta más del 30% del capital, tanto en forma directa como a través de KW, el banco público de inversión. La participación pública ha aumentado en los últimos tiempos. Hace un año, el gobierno de coalición de socialdemócratas, verdes y liberales adquirió una participación del 99% en la Universidad de la Energía para garantizar el poder energético del país. La empresa se encontró en dificultades tras la invasión rusa de Ucrania. Alemania es también accionista del Commerzbank, que cuenta con un 15%, después de haber salvado al gran banco de Frankfurt del colapso durante la crisis financiera de 2008 y 2009. Commerzbank aconsejó al gobierno para asegurar su participación.

Recientemente, y debido a la supuesta crisis que provocó el derribo de una sentencia del Tribunal Constitucional, el ministro de Finanzas, el liberal Christian Lindner, plantó la posibilidad de vender una determinada participación y obtener varios kilómetros de millones de euros. Lindner ya abandonó la idea durante las negociaciones del contrato de coalición, porque luego pretende llevarla solo a su partido. Tampoco ahora parace haber demasiado interés entre sus socios de Gobierno. Los socialdemócratas se niegan, por ejemplo, a eliminar el 20% de Deutsche Post, el equivalente a Correos, por ser un gran empleador. Las tres partes coinciden en excluir una posible venta de acciones de Deutsche Telekom, considerando que las telecomunicaciones son de interés nacional.

El ambicioso plan italiano

El Gobierno ultraderechista de Giorgia Meloni pretende crear privatizaciones en Italia. El ambicioso plan de Meloni prevé 20.000 millones de euros antes de 2026, para atraer a una figura pública cada vez más creativa, una moneda que los economistas consideran muy difícil de conseguir. El decreto, que también debe reaccionar a la desinversión de las grandes empresas estatales, estudia fórmulas para ayudar a la desinversión en sectores no estratégicos, desde la empresa de correos (Correos) hasta la energética Eni y la compañía ferroviaria nacional Ferrovie. o la televisión pública Rai. Una de las operaciones que parece segura es la venta de la participación municipal del Estado italiano al banco Paschi de Siena, que fue cancelada en 2017 y que, según la Unión Europea, debe coronar la órbita pública el año que viene. . Y también para garantizar la venta del 41% del avión, ITA Airways propició la liquidación de la antigua Alitalia, a la compañía aérea alemana Lufthansa.

Al mismo tiempo, aunque la tendencia es reducir la participación estatal, crea el rango de empresas cuando el gobierno pretende ejercer el llamado «poder de oro» (poder dorado) para salvar industrias consideradas de interés nacional y condicionar la venta a empresas extranjeras. En esta línea, el Gobierno italiano aprobó la opinión del Estado, minoritario, de Telecom Italia. El ejecutivo tendrá un máximo del 20% de Netco, la red de trading de infraestructuras de Telecom Italia (TIM), por un valor de 2.200 millones de euros. La decisión se tomó después de que KKR adoptara el fondo de inversión para comprar la infraestructura de telecomunicaciones del gigante italiano.

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