jueves, junio 20

Empresarios y sindicatos se arremeten contra el Gobierno por aprobar cambios negociados en los convenios colectivos | Economía

Los empresarios y los sindicatos han ejercido estas presiones sobre los críticos del gobierno porque han aprobado «por la puerta grande» y «sin negociación algo» que cambia la estructura de la negociación colectiva, mientras consideran, por mandato constitucional, específico de la autonomía colectiva de las sociedades sociales. agentes. Esta modificación normativa -que se traduce en la prevalencia de convenios colectivos autonómicos y, en algunos casos, también provinciales en sectores de carácter estatal- fue acordada entre el ejecutivo y el PNV para dejar constancia del compromiso de los cuencas nacionalistas con la última encuesta de Pedro Sánchez. Antes, aunque el Gobierno no llevó a cabo negociaciones formales, esta reorganización legal de la negociación colectiva se incluyó en el real decreto para reformar, por ejemplo, las subvenciones, aprobado por las autoridades del Consejo de Ministros. Sin embargo, desde el Ministerio de Trabajo, el cambio en la articulación de los convenios era conocido por empresarios y sindicatos y solía debatirse en foros separados.

Sin embargo en el nivel de negociación, los agentes sociales no lo esperan. El sindicato CC OO fue el primero en criticar públicamente la decisión del Gobierno. Al analizar los cambios, el centro señaló que «suponen una intromisión en las funciones que el artículo 7 de la Constitución española atribuye a las organizaciones sindicales y comerciales». Aunque el sindicato no quiere negociar cambios en la estructura de los convenios colectivos, recuerda que es necesaria la apertura del diálogo social para establecer la articulación de la negociación colectiva entre empresas, sectores y territorios y la prevalencia de los convenios. «Es claramente destacable», criticó al Ministerio de Trabajo «por haber solicitado esta normativa sin contactar con los agentes sociales».

Las fuentes de UGT no entraron en la valoración de los méritos del medicamento, pero criticaron duramente el riesgo de negociación por parte del Gobierno. Así, considera que la prevalencia de los convenios “es esencial a la naturaleza de nuestra actividad (en el orden de las relaciones laborales) y debe ser la prioridad del diálogo social”. Además, esta organización también mencionó el mandato específico de la constitución para una modificación del estatuto de los trabajadores que afecta a la estructura colectiva convencional «antes de ser tramitada, debatida y abordada con carácter previo en la mesa tripartita de diálogo social». Por eso la UGT afecta a la capacidad legislativa que la Constitución creó en el Congreso de los Diputados y en los partidos políticos que se reúnen.

Las organizaciones comerciales también mantienen las fuertes críticas a este entorno que les fueron presentadas en ocasiones anteriores donde el gobierno pretendía arrojar luz sobre este entorno. La CEOE y la Cepyme consideran que el Ejecutivo «desvaloriza» el diálogo social por la forma en que aprobó estos cambios normativos y reconoció al gobierno que la propia Constitución reconoce el mandato de consultar a los agentes sociales modificados de este calado en la negociación colectiva. En cuanto a las bases de los seguros, la patronal asegura que la prevalencia de convenios autonómicos y provinciales «atenta» contra la unidad del mercado y favorece un «deterioro de la cohesión social y de la competitividad» de la economía y de las empresas en España.

Varias intenciones

No es la primera vez que el Gobierno trata este cambio de estatus de los trabajadores comprometidos con el PNV como un sacar adelante. Pretendía incorporar la prevalencia de los convenios autonómicos en uno de los últimos prestatarios de la reforma laboral, que a última hora desapareció del texto final y le costó el voto negativo a la formación continua. En una segunda ocasión, el decreto lo introdujo en el primer real decreto con el tratado de reforma de la oficina de paro del pasado mes de diciembre y que el PP y Podemos entraron en el Congreso.

Y en los últimos meses el PNV ha hecho dos cosas con este proyecto de ley que prevé la transposición de la directiva europea sobre condiciones de trabajo transparentes y predecibles, que ahora probablemente debería eliminarse del decreto incluido en el decreto. aprobado este martes por el Consejo de Ministros. A causa de todas estas intenciones de participar en esta reforma parcial de la negociación colectiva, el Gobierno aún no ha puesto en marcha en ese momento un proceso formal de diálogo con los interlocutores sociales, lo que ha desesperado a la estrella ciudadana entre los agentes sociales.

Esta no es la única crítica específica que ha recibido el gobierno el martes. En CC OO también se decidieron en este mismo decreto otras cuestiones que, según el sindicato, también se negociaron de forma práctica en el diálogo social. En concreto, repetimos la forma que en este texto normativo se ha modificado la extinción de los contratos de trabajo por gran invalidez o incapacidad permanente, total y absoluta. Asimismo, el sindicato demostró su incumplimiento por la modificación de la ley que regula el Consejo Económico y Social (CES) que también reconoce este real decreto-ley.

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