Eurocámara conoce las nuevas normas fiscales que exigen más rigor contra el despilfarro sin garantizar la reversión | Economía

La Unión Europea ha enterrado aquellas viejas normas fiscales que se redactaron durante la crisis financiera y ha iluminado una nueva. El Parlamento Europeo respondió con una mayoría que dijo que los estados miembros fueron enviados al Consejo de la UE de febrero. Este es simplemente un paso formal que se llevará a cabo en los próximos días. Así, los nuevos presupuestos nacionales para 2025, que se desarrollarán en una semana, se desplegarán por nuevas formas que mantendrán el complicado equilibrio de reducir la montaña de deuda acumulada para afrontar las tres crisis sistémicas sufridas (financiera, pandémica e invasión). de Ucrania), manteniendo al mismo tiempo un retroceso público hacia objetivos récord de descarbonización, impulso tecnológico y apoyo a la defensa.

Con las nuevas normas, los Estados que superen el 3% del PIB en déficit público y una deuda superior al 60% del PIB tenderán a poner en marcha una acción de ajuste que les lleve a reducir su deuda. Estos ajustes del tiempo de conducción pueden ser adaptables, dependiendo de sus circunstancias. Sin embargo, también hay que respetar los objetivos y ahorrar impuestos municipales -un requisito alemán a la hora de negociar textos legales-. Al final, fue precisamente el punto más crítico el que plantearon algunos de los detractores de esta nueva regulación (los sindicatos europeos y los más importantes partidarios del hemiciclo europeo, Los Verdes y La Izquierda). Para la extrema derecha, las críticas se centran en la falta de rigor y disciplina fiscal.

Guarde estándares presupuestos que sean más “realistas y creíbles” con el lema de que volvió a la senda de las reformas más de tres años después. La necesidad de reformar las normas aprobadas durante la última década, que imponían una herramienta rigurosa y abandonaban la austeridad, que duró años tras la salida europea de la Gran Recesión, fue admitida al inicio de la legislatura europea (2019). La calle empieza a moverse pronto, pero la pandemia obliga al hermano. Al cambiar, estamos suspendiendo los estándares existentes para que los estados puedan trabajar para responder a la crisis económica que causó el covid-19 con más desechos públicos. Desde entonces, cualquiera tiene que aplicar estas reglas. “Nuestro objetivo es siempre corregir las normas rígidas que el menú no puede aplicar”, admitió el comisario de Economía y Finanzas, el italiano Paolo Gentiloni.

La clave de la nueva regulación es una norma esencial según la cual el Estado en caso de desequilibrio y la Comisión Europea tenderán a negociar el plan de ajuste, que incluirá cuatro años con posibilidad de prórroga hasta que prevea retrocesos y reformas estructurales. . Este reglamento partirá de un estudio sobre la estabilidad del derecho público de cada país que elabora la propia Comisión Europea, desde aquí -el próximo septiembre si los lugares previstos- comenzará el rodaje y circulará entre Bruselas y las capitales. España registró un déficit del 3,6% del PIB en 2023 y un total del 107,7%, cifra que le hará bajar el brazo corrector de la Comisión.

Este análisis de la decisión del margen del proyecto comunitario; la negociación del plan de vivienda con el Estado interesado; y la aprobación del resultado permite a los países más grandes de la UE tomar posición y decidir sobre medidas de ajuste para las sociedades. Será en este proceso y su rigor con lo aplicado cuando se empiece a ver si los nuevos estándares son capaces de combinar ese complejo equilibrio prometido por la política —”Este ambicioso acuerdo acumula los objetivos (…) para fortalecer la viabilidad de la deuda de los Estados miembros y promover su crecimiento sostenible e integrador”, proclamó el vicepresidente responsable del área económica de la Comisión, Valdis Dombrovskis, o, por el contrario, convertido en otro texto de imposible realización, como ha sucedido con vigor hasta ahora, por el elevado ritmo de reducción de la deuda que pretende imponerse a los países que más lo necesitan.

Una vez aprobado, el eurodiputado español Jonás Fernández, portavoz socialista de la Comisión Económica de la Eurocámara, apostó por el proyecto de ley para que “las nuevas normas fiscales se incorporen por primera vez en el Marco de Convergencia Social a las reglas de gobierno y ésta sea una de las cuatro prioridades, junto con las transiciones digital, verde y defensiva.

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