La policía italiana anunció recientemente que había llevado a cabo una operación contra el fraude vinculado a la red de fondos europeos y a las normas de distribución del país, aunque el grupo operaba en varios territorios comunitarios. La intervención se llevó a cabo con la detención de 22 personas y la incautación de bienes, como viviendas o relojes de lujo, por valor de más de 600 millones de euros. En concreto, el rojo ha sido aprobado por los fondos europeos para la recuperación de la pandemia y los generosos programas para las mejores viviendas que pueden estar en funcionamiento en Italia con este procedimiento de financiación de la UE. Y, sin embargo, la principal operación de este tipo es que Bruselas ha empezado a reparar los fondos de recuperación. Pero me alegra ver los datos de la fiscalidad europea, que no son algo extraño en Italia, que encabezan todos los clasificaciones de fraudes con dinero público.
Italia es desde hace años territorio abonado de organizaciones criminales que buscan obtener subvenciones estatales y europeas. Es cierto que, a lo largo de décadas, el país ha decidido renunciar cada año a fondos, iniciativas o grandes obras de infraestructura correspondientes (los gitanos renunciaron voluntariamente a su candidatura a los Juegos Olímpicos) sin poder garantizar las transferencias realizadas en Bruselas. No hay peligro para mafias y organizaciones criminales. Por tanto, cuando se aprueben los fondos de recuperación de la pandemia e Italia se convierta en alcalde beneficiada, ligeramente por España, el ayuntamiento lo será afortunadamente enormemente. Pero muchos, especialmente en el sistema fiscal antimafia, están dando frutos.
El país transalpino ha recibido, entre ayudas directas y créditos vendidos, un total de 102.000 millones. Y hasta 2026 espero haber ganado un total de 90.000 millones de dólares. Pero sobre todo es el país que tiene más dinero que entrará en las arcas de las empresas que llevan a cabo los proyectos, y también es el que mayor número de investigaciones abiertas. Fiscalidad Europea (Eppo) publicó un documento en el que detalla que, el 31 de diciembre de 2023, abrió 206 investigaciones sobre posibles fraudes con fondos del PNNR, de las cuales 179 afectaron directamente a Italia. La fiscalidad y algunas administraciones regionales italianas están en el origen de estos problemas a la hora de controlar la rapidez y los procedimientos de emergencia que se utilizan para poder aprovechar los fondos. Pero también hay un sistema frágil socavado por la corrupción a lo largo de los años.
Italia, con uno de los niveles de evasión fiscal de los alcaldes de la Unión Europea, también tiene un historial cuantitativo en cuanto a fondos de todos los tipos anteriores de Europa de gama baja. De los 12.000 millones de euros que se investigaron o de los que se concluyó que habían estado implicados de forma fraudulenta, la mitad correspondía a proyectos de empresas transalpinas. Y de un total de 1.927 investigaciones abiertas, 618 se centraron en empresas o proyectos dentro de sus fronteras.
El caso, aunque no es nada extraordinario, confirma todas las preocupaciones y sentimientos de la Autoridad Nacional Anticorrupción. Su presidente, Giuseppe Busia, explicó en una entrevista con La Repubblica que “no hay seguridad en lo que no se produce durante décadas más”. “Hemos llegado a los cimientos y sin controles adecuados, nuestra credibilidad se queda en la realidad”.
En el operativo anunciado este jueves, según el informe policial, se canjearán dólares y casas, dinero y criptomonedas, además de relojes, joyas y automóviles de marcas de lujo como Lamborghini. Estos últimos fueron víctimas de fraude, que consiste esencialmente en obtener créditos fiscales ilegales para la rehabilitación del hogar. Los 22 detenidos, 17 de ellos se encontraban en distintos lugares de Italia, y también fueron detenidos por dos personas en Austria y Eslovaquia. Pero la intervención no se considera completa, ya que se está buscando a algunas de las personas actualmente implicadas en Rumanía.
En la operación participan más de 150 agentes en Italia. Esta es la última vez que identificaremos un centenar de operaciones específicas y descubriremos un complejo de empresas ficticias que también operan en Austria, Eslovaquia y Rumanía, como parte de un rojo que se alquila con el blanco del dinero procedente de “importantes ventajas ilícitas”, según a la Guardia de Finanzas.
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