La Defensoría del Pueblo garantiza competencia bancaria en zonas despobladas | Economía

Garantizar la competencia entre operadores, incluso en las zonas autorizadas, declarar al operador bancario básico como servicio económico de interés general y gestionar oficinas y cajas en todas aquellas zonas donde se considere necesario por motivos geográficos o de otra índole. Estas son algunas de las recomendaciones que la Defensoría del Pueblo de Plasma debe enviar a su información más reciente Regresos a la inclusión financierapublicó este joven en pleno revuelo por el enemigo que el BBVA lanzó en Sabadell, que llegó a la entidad de origen bilbaíno como la única con una sucursal bancaria con 48 códigos postales.

Aunque la cobertura bancaria en España es completa –el 98% de los adultos tiene una cuenta–, como en el resto de economías desarrolladas, todavía hay colectivos que no cuentan con este servicio. Sus aproximadamente 700.000 personas, que deben gestionar sus recursos por otros medios, “en algunos casos a través de canales no oficiales, o atendiendo a la intermediación” de terceros, además de casos de soluciones que “plantan problemas y cuestionan prácticas”, además de promoviendo “la invisibilización de estas personas”, advierte el Defensor del Pueblo. Ante estos datos, solicita una vía para que cualquier persona pueda acceder a una cuenta bancaria, sabiendo que abrir una cuenta bancaria no depende de condiciones adicionales ni de la firma de contratos asociados, ya que estos requisitos también están sujetos a un obstáculo para que las anualidades sean menores o irregular.

El sector bancario español, además, está muy concentrado y, desde la crisis financiera de 2008, el banco rojo ha estado presente en la dirección contraria a pasos audaces. Las oficinas se redujeron un 58% hasta 2021, con lo que la ratio por cada 1.000 habitantes pasó de 1 oficina a 0,41. La otra cara de la moneda es la reducción del número de cajas disponibles y su concentración en zonas muy densas y con mucho tránsito. Según un estudio de Joaquín Maudos y Carlos Albert, ha conseguido 17.648 ventas operativas hasta finales de 2022, un 7% menos respecto al año anterior. Los cajeros eran 45.233. En este caso, la tasa de cera fue del 5% interanual. “Desde que se comunicaron los datos, 2.797 municipios han atendido la solicitud de puntos de acceso presencial, aunque la cifra se ha reducido a 433 municipios respecto al año anterior”, reconoce el Defensor.

Esta tendencia fue adoptada por un operador digital vagabundo. Una revolución de calidad, sin embargo, es exclusiva de determinados grupos populares. Los más vulnerables, según la organización, son los más numerosos, pero también los colectivos que tienen dificultades de acceso por limitaciones sensoriales, por ejemplo visuales o culturales, por extraños y por el cuidado de la documentación requerida por parte de las entidades, así como los habitantes de las zonas rurales.

Por este y otros motivos, la institución que preside Ángel Gabilondo recomienda que el servicio bancario sea declarado servicio económico de interés general. Esta clasificación es obligatoria para que el operador esté listo para el servicio. Para que usted pueda consultar con el Estado o el Estado, e informarse de las recomendaciones según las cuales, para las compensaciones aplicadas, deberá considerar el costo que asume, en su momento, el rescate público de diversas entidades bancarias durante el Gran Recesión. Asimismo, si bien se establece dónde, “por razones geográficas o para la detección de necesidades que requieran atención individualizada”, deberá garantizar la existencia de las oficinas y cajeros presentes, y asegurar que también en estas zonas “salvaguarde la competencia”, En el caso de los modelos multimarca, ésta es la única manera de garantizar la competencia entre operadores.

El Defensor del Pueblo recomienda también crear una autoridad de defensa del cliente financiero, revisar las disposiciones relativas a las infracciones y sanciones aplicables a la infracción o cancelación de cuentas de pagos básicos y reforzar la capacidad del Banco en España para controlar la calidad del servicio al cliente. En este momento, sugerimos que el supervisor cree una comisión de seguimiento para la lucha contra la exclusión financiera y que constituya un grupo de trabajo que determine si Correos y Telégrafos pueden prestar servicios adicionales por parte de las entidades bancarias, emprendidos en esta materia, además, Hay que adoptar medidas para incrementar la capacidad de atención en las zonas rurales y en las zonas más desfavorecidas.

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