Parece que en este momento solo lo son los estados cantantes de Victoria. Durante las negociaciones de última hora sobre un texto acordado por usted, los dirigentes expresaron su excelente opinión sobre la ley europea que debería obligar a las grandes empresas a ser más claras en el respeto de los derechos humanos y del medio ambiente. la gran longitud de sus cadenas de suministro. Pero la norma, que fue criticada porque era insuficiente para proteger todo lo demás de la explotación infantil, fue aún más criticada por obtener los votos suficientes que permitirían ser ratificada antes de la entrada en vigor de la legislatura europea actual.
Una de las principales críticas al texto negociado hoy por la Directiva de Diligencia Debida sobre Sostenibilidad Corporativa (CSDDD) afectará a un número de empresas mucho menor que la previsión inicial y, además, a esta que según Eurocámara la pasada Diciembre: según fuentes diplomáticas, el nuevo texto, propuesto por la presidencia belga del Consejo de la UE, ahora sólo se aplicará a las empresas europeas con más de millones de empleados y un volumen de negocios de 450 millones de dólares. euros, cuando inicialmente se aplicará a empresas que tengan más de 500 empleados y un volumen de negocio de 150 millones. También se eliminan las menciones relativas a la aplicación de la ley a pequeñas empresas que operan en sectores especialmente susceptibles a violaciones ambientales medias o explotación infantil material como el textil, la minería, la agricultura (incluidas la pesca y la tala) o la construcción, un extremo que ha sido especialmente celebrado. por organizaciones de derechos humanos. Algo que pretende compensar la creación de una cláusula de revisión, sumando las fuentes.
Según cálculos de WWF y la Coalición Europea por la Justicia Corporativa, los nuevos límites excluyen al 70% de las más de 16.000 empresas que inicialmente estaban destinadas a la media, que también fueron reembolsadas en otros bonos de media.
Además, la directiva, bloqueada desde hace varias semanas por las reticencias de Alemania a que Francia, Italia y otros países estén unidos, se aplicará en una primera fase sólo a unas pocas empresas de más de 5.000 empleados, rastreando así el mayor impacto.
Las «regatas» en este país cuestan «un precio alto», lamenta la asociación jurídica Client Earth: «El lobby empresarial y los juegos políticos han aprovechado esta oportunidad para revolucionar la forma de hacer negocios en la UE y, más aún, excluyendo a la mayor parte de las empresas de su ámbito”, agregó.
Seguramente, la responsable de la Eurocámara, Lara Wolters, elogió la bonita vista del Consejo para un proyecto “ya importante en cuanto a fracasara”. Según el socialdemócrata holandés, en general, la norma “tendrá un gran impacto en todos para impedir que las empresas hagan cualquier otra cosa antes de causar miseria y destrucción de muchas realidades”.
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